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El Gobierno de España, en Consejo de Ministros,  ha aprobado hoy 12/10/2012 una modificación amplia y sustancial del Código Penal Español.

La reforma del Código Penal ha incidido también en la consideración de los delitos relativos al ámbito de los derechos fundamentales, concretamente en lo relativo a las libertades de situación personal, pertenencia, creencias e ideologías, endureciendo y explicitando mejor las penas, a las que se incorporan definitivamente las infracciones en estas materias por Internet.

En este sentido, la  innovación supone un importante avance desde el momento que además de dar mayor amplitud al objeto del delito, garantiza los derechos que puedan vulnerarse por medios telemáticos a través  de la  Red,  dando por fin cobertura a las demandas -o eso esperamos-, contra quienes aprovechaban el caos legal para promover por Internet  idearios y apologías xenófobas, racistas, homófobas y blasfemas contra diferentes colectivos,  como es el caso que nos atañe directamente de nuestras Confesiones Religiosas.

Plasmamos aquí las modificaciones aprobadas en el Consejo de Ministros de hoy:

Se modifica el artículo 510, que queda redactado como sigue:

1.- Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o  creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía,.

b) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, o para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la difusión de los contenidos a que se refiere el párrafo anterior se hubiera llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet, o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, o a quienes hayan participado en su ejecución.

c) Quienes nieguen, hagan apología, o trivialicen gravemente los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado que se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, y que hubieran sido declarados probados por los Tribunales de Nüremberg, por la Corte Penal Internacional o por otros Tribunales Internacionales, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

3.- El Juez o Tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refiere el apartado anterior o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.”

Se introduce un nuevo artículo 510 bis, con la siguiente redacción:

“Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior cuando los hechos en él descritos fueran cometidos por quienes pertenecieren a una organización delictiva, aunque fuera de carácter transitorio.

A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.”

Se introduce un nuevo artículo 510 bis, con la siguiente redacción:

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal.”

Se modifica el artículo 515, que queda redactado como sigue:

“Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.

2. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.

3. Las organizaciones de carácter paramilitar.

4. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.”

Deseamos fervientemente, que esta modificación dé una solución definitiva y termine  de una vez por todas con la difamación constante que  sufrimos las religiones minoritarias, que no vamos a dudar ni un momento en hacer un repaso y demandar todos aquellos espacios y publicaciones que nos agreden jactándose además de su impunidad. Es una curiosa forma de hacer justicia, ver cómo el refuerzo  que la Ley ha  hecho de los Cultos mayoritarios, va a servir de cauce para impedir los agravios que la Comunidad Pagana ha estado sufriendo. Una Justicia puede que Divina, aunque no entiendan a qué Dioses se la deben.

Ahora, quienes nos pusimos bajo la advocación de nuestro Dios Tongoenabiago a la espera de ver resarcidas las ofensas que nos han hecho, agradecemos que su pétrea mirada nos haya concedido la posibilidad de hacer justicia a las chanzas que han proferido contra nosotros/as y nuestros Cultos, teniendo siempre muy presente la memoria de nuestros/as Antepasados/as, a quienes debemos reintegrar su honor, perpetuar su memoria y agradecer su legado.

Fuente de Tongoenabiago, Dios celtíbero de los Juramentos

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El Sr. Krahe, cantautor, ha sido absuelto de un delito contra los sentimientos religiosos por su participación en el video: “Cómo cocinar a Cristo para dos personas”. Una noticia que reconocemos llama poderosamente nuestra atención y nos obliga a reflexionar sobre el significado de su absolución ¿Es lícito blasfemar? ¿Hasta qué punto, si es que hay alguna medida? Y de ser lícito ¿invalidaría otros delitos?

Tengo una sensación agridulce en cuanto a esta sentencia[1], pues por un lado creo que es bueno saber que para las ideologías progresistas la Justicia Española se muestre abierta a comprender sus razonamientos y expresiones creativas en cuanto a la religión, y por lo tanto hacia las creencias de las personas, pero por otra parte nos sentimos preocupados por una sentencia que, ante todo, legitima el escarnio, la ignominia y la burla gratuita de la personificación hierofánica de una fe legítima. Cosa aparte es, claro, que sea o no lícito haberla legitimado.

La Legislación y su posterior aplicación a  través de la justicia es una disciplina en la que no cuenta lo que quieras decir, sino lo que digas, esto al menos inicialmente. La conclusión de lo que cada cual perciba puede ser subjetiva, lo que ya está dicho, no, por lo que ha de prevalerse en todo momento de un uso correcto del lenguaje. Nadie está en la cabeza de otras personas para saber lo que quieran decir, sino que uno ha de fiarse de cómo lo exprese… y nos pese o no, si está  mal expresado y hiere, enrocarse a partir de una supuesta superioridad intelectual y/o ideológica no ayuda, sino que empeora. Máxime cuando se avale judicialmente que haya Derechos Humanos de primera o segunda categoría.

En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos es  taxativa:

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.[2]

Y estando así las cosas ¿podemos defender que una parodia a todas luces sacrílega, que hiera lo más íntimo y sagrado del sentimiento religioso de las personas, donde se haga escarnio de su figura principal, humillándola, es lícita incluso por encima de la libertad religiosa amparándose en la libertad de expresión? He aquí la dicotomía.

La Libertad de expresión, creemos, no es una patente de corso a partir de la  que cada cual pueda despotricar a su antojo contra el sursuncorda si se acerca lo suficiente, sino un derecho universal a poder manifestar nuestra opinión desde el respeto, la corrección y el  conocimiento de lo que se dice. Lo demás no es libertad de expresión, sino de escarnio.

Menos comprensible me resulta, aún, que sean precisamente las organizaciones progresistas, las que apremien al Estado a derogar de nuestro Código Penal los artículos que contemplan el delito de blasfemia, lo mismo que entendería absurdo pretender eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la difamación.

Hay voces que “justifican” su legitimidad para blasfemar, arguyendo en este caso que son peores declaraciones las del Sr. Rouco Varela cuando amenazó con desproveer a Cáritas si el Estado obligaba a su Confesión Religiosa a pagar el IBI de sus inmuebles que no se dedican al Culto[3], más ello no es óbice para ignorar lo antedicho y menos excusarlo en unas declaraciones francamente deleznables -y engañosas-, estamos de acuerdo, pero seamos honestos, no por ello delictivas.

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